Tlaxcala, Tlax., En virtud del fallo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) a favor de 34 ex trabajadores basificados del Poder Legislativo, se verá obligado a desembolsar aproximadamente 9 millones de pesos para su liquidación. Ante esta situación, el diputado Vicente Morales Pérez, presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado, anunció la necesidad de realizar esfuerzos para cumplir con esta resolución y evitar dejar pendientes a la próxima legislatura.

El fallo del TCyA consideró procedente la insumisión al arbitraje promovido por el propio Congreso local. En cumplimiento al amparo, se ordenó realizar el pago correspondiente, con la particularidad de que la justicia federal determinó actualizar los salarios caídos hasta los 12 meses, según lo establece la legislación vigente.

A pesar de que el fallo favorece a los 34 ex trabajadores heredados de la pasada legislatura, solo será aplicable a 22 de ellos, ya que los restantes 12 aceptaron un convenio de mediación y fueron liquidados con una suma total de dos millones de pesos.

Morales Pérez indicó que están a la espera de la notificación oficial para proceder con el proceso legal. Aunque reconocen la falta de recursos presupuestarios para la liquidación, el diputado mencionó la disposición del Congreso del Estado para aclarar y concluir este asunto, incluso a través de ahorros y esfuerzos adicionales.

En un audio, el legislador expresó: «No tenemos ese recurso, no tenemos ese presupuesto, para liquidarlos o para finiquitarlos, pero de ser necesario, el Congreso del Estado a través de ahorros, de poder hacer algunos esfuerzos adicionales pues estaría cubriendo esa parte de los trabajadores que permitiría finiquitar, una vez por todas este asunto, y también se evitaría que el Congreso hiciera algunos pagos mayores en un futuro como si hubieran continuando laborando».

Aunque reconoció que los aproximadamente 9 millones de pesos afectarán las finanzas del Poder Legislativo, Morales Pérez destacó los beneficios de poner fin a este asunto. Incluso dejó abierta la posibilidad de utilizar el recurso excedente del ajuste trimestral para paliar este pago.

En otro audio, Morales Pérez afirmó: «Sí, sin duda alguna es un egreso que tiene que hacer el Congreso y que no lo tenía considerado; sin embargo, eso permitiría de una vez por todas finiquitar este asunto, y ahí nosotros vemos la oportunidad para cerrarlo y que un futuro no pudiera presentar para el Congreso cantidades estratosféricas anualmente».

El fallo de la autoridad jurisdiccional no establece un plazo específico para cumplir con este pago, dejando la relación entre los ex trabajadores basificados y el Poder Legislativo como determinante. Sin embargo, se descartó la posibilidad de reinstalación.

En otro contexto, considerando la falta de condiciones de seguridad para una marcha pacífica, la directora Estatal de la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México (Ddeser), Rosario Texis Zúñiga, anunció que, por segundo año consecutivo, no se sumarán a la marcha del Día Internacional de la Mujer.