Rommel Pichardo
Con la publicación de la recién promulgada Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se activa la opción de que las fuerzas estatales colaboren con los municipios para llevar a cabo labores de seguridad. Además, ya está en funcionamiento el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
El pasado 9 de febrero, este marco legal fue oficializado con las firmas de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y del titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández.
La nueva Ley introduce la figura del Mando Coordinado, con el objetivo de fortalecer tanto institucional como individualmente a los cuerpos policiales municipales, con miras a alcanzar los objetivos establecidos en las Mesas para la Construcción de la Paz.
El Mando Coordinado puede ser implementado bajo tres condiciones: a solicitud de la gobernadora, por petición de los presidentes municipales al gobierno estatal, o por interés de la mayoría de los integrantes del Cabildo hacia sus alcaldes.
Esta modalidad tendrá una duración inicial máxima de tres meses, con la posibilidad de ser prorrogada en tanto persistan las condiciones que la justifiquen.
Según lo establecido en el proyecto, las autoridades municipales bajo este esquema de seguridad deberán cumplir con las órdenes emitidas directamente por el gobernador o a través del secretario de Seguridad Ciudadana, durante el tiempo que dure esta disposición.
Además, se introduce el concepto de Sistema en la Ley, lo que implica la transformación de la actual Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en un Secretariado Ejecutivo.
Durante su comparecencia, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), Alberto Marín Perea Marrufo, expresó su compromiso de mejorar los salarios, prestaciones y servicios para los policías, así como la implementación adecuada del servicio policial de carrera. También se prevé la contratación de nuevo personal, con la meta de incorporar al menos mil 300 efectivos necesarios para el año 2027, planeando sumar 300 nuevos policías en cada ejercicio fiscal hasta entonces.
Por último, la Ley mantiene el Servicio Público de Escolta, que otorga protección automática al titular del Ejecutivo Estatal, su cónyuge e hijos una vez que concluyen su mandato, así como a otros ex funcionarios vinculados estrechamente a la seguridad pública, procuración e impartición de justicia o a la Secretaría de Gobierno.