Evan MÉNDEZ
Hasta el día 13 de marzo de 2024, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), no muestra ningún caso oficial de este tipo de violencia registrado en el estado de Tlaxcala.
Esta situación se debe a que las dos sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) contra funcionarios y exfuncionarios municipales por violencia política contra las mujeres en razón de género fueron apeladas ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y fueron revertidas por esta autoridad.
En el caso del presidente municipal de Ixtenco, Renato Sánchez Rojas, el tribunal federal determinó que no se había cometido violencia política en razón de género en contra de la regidora Miriam Aline Lazo Caballero.
De manera similar, la Sala Superior revocó la sentencia del TET en contra del exalcalde y exsecretario de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio y Nicolás Gutiérrez Decasa, respectivamente, al señalar que no habían incurrido en esta conducta.
En relación con Yauhquemehcan, donde la presidenta María Anita Chamorro Badillo fue víctima de tales actitudes, no se ordenó la inclusión en el registro, ya que se solicitó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) dar seguimiento al asunto mediante un procedimiento especial sancionador.
Así, al consultar la lista pública de personas sancionadas por ejercer violencia política contra mujeres en razón de género, Tlaxcala permanece sin registros.
Por otro lado, según la lista del INE, hay 382 registros ordenados por diversas autoridades, de los cuales, 335 personas han sido sancionadas, algunas de ellas, en más de una ocasión por cometer Violencia Política en Razón de Género (VPRG).
Por entidad federativa, los estados con mayor número de personas sancionadas son Oaxaca con 135 casos, Veracruz 46, Tabasco 31, Chiapas 22, Baja California 13, Puebla 13, Baja California Sur 11, Morelos 10, Chihuahua y Sonora con 9 cada uno.
En cuanto al cargo, el mayor porcentaje de personas sancionadas corresponde a presidenta o presidente municipal con el 21.19%, seguido por ciudadana o ciudadano, con el 18.21%; regidora o regidor, con el 14.33%; periodista, con el 10.15%; autoridades pertenecientes a los Sistemas Normativos Internos, con el 5.67%; y síndica o síndico, con el 4.48%.
Este registro nacional sirve para prevenir este tipo de violencia, facilitar la cooperación entre instituciones para la generación de información, y principalmente, para consultar información previa al registro de candidaturas.