Evan MÉNDEZ
Los partidos políticos de oposición en Tlaxcala han manifestado su rechazo absoluto a la injerencia del Poder Ejecutivo Estatal en la designación del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia, tras la aprobación de una reforma constitucional para reemplazar a la actual Procuraduría General de Justicia del Estado.
La dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Patricia Zenteno Hernández, denunció que la iniciativa, votada a toda prisa, constituye un serio retroceso en la administración de justicia para el estado. Afirmó que vulnera la autonomía que debería tener la Fiscalía, advirtiendo que el objetivo del gobierno es colocar a un fiscal afín que obedezca a los intereses del poder ejecutivo en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos.
Zenteno Hernández señaló a quienes apoyaron la iniciativa como cómplices de la impunidad y cómplices de fortalecer la corrupción. Aseguró que esta acción del gobierno estatal permite que el crimen prospere mientras los ciudadanos viven con temor en las calles.
La líder del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, acusó al Poder Legislativo de someterse a los intereses del gobierno estatal al aprobar una reforma que busca mantener el control sobre la procuración de justicia más allá de los términos de un sexenio. Lamentó la falta de independencia del Congreso hacia el Ejecutivo y exhortó a la ciudadanía a no tolerar más abusos, especialmente cuando se detectan irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de la administración actual.
Martínez Sánchez señaló que la visión de la gobernadora Loren Cuellar Cisneros es mantener su influencia en la próxima legislatura, lo que lleva a sus aliados a acelerar la aprobación de esta reforma para asegurar su impunidad.
Finalmente, Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata al Senado de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México, lamentó la actuación de los diputados de la «4T» en el Congreso local y cuestionó la rapidez con la que actuaron, así como los intereses del gobierno estatal detrás de esta transición. Expresó su preocupación de que la acción no esté destinada a mejorar la administración de justicia, sino a asegurar la impunidad para la gobernadora durante los próximos siete años.