Evan MÉNDEZ

La transición de la Procuraduría Estatal a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ha generado preocupación en el Colectivo Mujer y Utopía, no solo por la falta de articulación jurídica y operativa, sino también por la posibilidad de que la actual procuradora, Ernestina Carro Roldán, sea designada para un cargo transexenal.

La directora de esta organización, Edith Méndez Ahuactzin, expresó su apoyo a este avance en la procuración y administración de justicia. Sin embargo, reconoció que existen varios vacíos que deben ser solventados para consolidar realmente el proyecto.

Uno de los puntos críticos es la designación del titular de la Fiscalía. Para el colectivo, la actual funcionaria estatal no ha respondido adecuadamente al clamor de las víctimas por un acceso rápido a la justicia. Consideran que el proceso de designación debe ser transparente y basado en un perfil adecuado.

Durante el proceso para designar a la procuradora actual, los perfiles demostraron poco conocimiento del marco normativo y de la perspectiva de género, así como un desconocimiento completo sobre la Alerta por Violencia de Género. Esto plantea dudas sobre su idoneidad para el cargo.

En cuanto al aspecto operativo de la nueva Fiscalía, Méndez Ahuactzin considera fundamental legislar para que deje de responder al Ejecutivo del Estado y proteja los derechos humanos de las personas. Esto requiere un presupuesto adecuado para recursos humanos y materiales.

La activista enfatiza la necesidad de depurar el personal operativo de la Procuraduría para detectar perfiles con los conocimientos y herramientas necesarios. Además, destaca la importancia de contratar más personal especializado para agilizar las investigaciones.

Se plantea la idea de establecer una comunicación más estrecha con la sociedad civil, posiblemente a través de una Comisión de Análisis de Contexto, para acompañar a las víctimas en un diálogo directo con las autoridades.

En resumen, se espera que este proceso de transición sea lento pero efectivo. Durante los primeros seis meses, se realizará un análisis de las acciones emprendidas para evaluar su efectividad.

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